Keralty, grupo del que hace parte la EPS Sanitas, que cuenta con más de 5,7 millones de usuarios, denunció ante la Fiscalía al superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por la intervención que el Gobierno ejecutó en contra de la EPS.
La denuncia fue radicada por Juan David Riveros, su representante, quien explicó que la decisión del Gobierno fue ilegal.
“La intervención es ilegal porque la motivación que utiliza (la Supersalud) es falsa y se aleja por completo de las cifras y la realidad que demuestran la situación de la EPS”, señaló Riveros.
En ese contexto, la denuncia argumentó que Luis Carlos Leal se encontraría impedido para tomar decisiones en este caso, debido a opiniones que compartió en redes sociales sobre las EPS y en contra del actual sistema de salud colombiano.
Riveros aseguró que acudirán a instancias internacionales, mediante la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Procuraduría ya había abierto una investigación en contra del Superintendente de Salud por presuntas irregularidades en este caso.
En concreto, el Ministerio Público investiga una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS.
Por lo anterior, la Procuraduría solicitó a la Supersalud copia del proceso adelantado para tomar posesión de esa entidad, así como del trámite realizado para designar al agente interventor.
Igualmente, requirió el número de quejas, reclamaciones y tutelas con relación al número de afiliados y las deudas de la EPS contraídas con la red de prestadores y proveedores de servicios, insumos y tecnología en salud, entre otras pruebas.
