Tras un fallo conocido este lunes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, así como al director del Invima, Germán Velásquez, que en tres días cumplan la orden de implementar “un plan de urgencia” para evitar una crisis por la escasez de medicamentos, ordenado el pasado 30 de octubre.
En ese sentido, el tribunal pidió asegurar la disponibilidad de los fármacos priorizados por el Ministerio y de los demás principios activos que presentan una oferta insuficiente frente a las necesidades de los pacientes que la requieren.
Por otro lado, también conminó a estas autoridades en salud que prioricen el trámite y la resolución de 27.904 solicitudes de registro de medicamentos que tiene el Invima pendientes para garantizar la disponibilidad tanto en el canal institucional como en el comercial.
El Tribunal de Cundinamarca también les ordenó que el plan que hagan conjuntamente “deberá incluir, de manera específica, las gestiones que se adelantarán” para facilitar el acceso a la materia prima con la que se fabrica los medicamentos.
Finalmente, el magistrado Luis Manuel Lasso convocó al ministro Guillermo Jaramillo y al director Germán Velásquez a una audiencia ante el tribunal para hacer un “seguimiento al plan de respuesta urgente ya mencionado”.
Según la más reciente actualización (del 1 de noviembre) de la lista de medicamentos desabastecidos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y de Alimentos (Invima), actualmente hay 30 fármacos desabastecidos, 40 en riesgo de desabastecimiento, 187 en monitorización y 301 medicamentos vitales no disponibles.
Esa entidad en una respuesta oficial que dio a este diario señaló como causas del desabastecimiento el aumento de la demanda debido a que “la pandemia de covid-19 trajo como consecuencia desabastecimiento de medicamentos” y a que tras la regulación del Ministerio de Salud del precio de algunos medicamentos, la consecuencia fue “un aumento en la demanda y falta de interés económico de los laboratorios fabricantes”.
Así mismo, que “se puede contemplar la estrategia de generar un “desabastecimiento ficticio” en el canal institucional (EPS e instituciones prestadoras de salud) con el fin de presionar el consumo por el canal comercial, que produce mayor rentabilidad”.
