Con una carta de cinco páginas, la Procuraduría General de la Nación le pidió al Ministerio de Salud entregar información detallada sobre la destinación de los recursos que le fueron asignados en el presupuesto general de 2024.
La solicitud se dirige principalmente a $5 billones que deben destinarse al apoyo de programas de desarrollo, que aparecen en la Ley 100 de 1993, y a otros $1,8 billones que buscan dirigirse al Plan Nacional de Salud Rural.
En la misiva, la Procuraduría requiere que se amplíe la información que el Ministerio contiene en su página web sobre cómo se empleará ese presupuesto en proyectos ya aprobados y subproyectos que esperan su asignación correspondiente de recursos.
La cartera dirigida por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo deberá explicar, por medio de un plan de ejecución, cómo destinará el dinero por territorios, entidades o instituciones beneficiarias.
El Gobierno nacional espera dedicar aproximadamente $2 billones en catorce proyectos en los que, de acuerdo con el ente de control, no ha otorgado detalles precisos, por lo que se le pidió contar el fundamento jurídico y su plan de ejecución de rubros.
La entidad encabezada por Margarita Cabello se concentra en lo que el Ejecutivo llama “seguridad humana y justicia social”, un apartado de las políticas públicas que se enfoca en la protección de poblaciones vulnerables y en la mejora de la calidad de la salud.
“Igualmente, se solicita informar si existen otros rubros con los cuales se tenga presupuestado financiar o cofinanciar proyectos remitidos por las entidades territoriales y/o las ESE”, se lee en el documento.
El oficio está firmado por la procuradora delegada para asuntos del trabajo y la seguridad social, Diana Ojeda, y expresa que debe conocer qué rubros se destinan a dotación hospitalaria, infraestructura de salud, operación de equipos o pago de acreencias.
