La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Transporte, William Camargo, por presuntas irregularidades en la revocatoria de la concesión portuaria que se le había adjudicado al Grupo Portuario SA.
Junto al Ministro, la Sala Disciplinaria de Instrucción investiga a la viceministra general del Ministerio de Hacienda, Sandra Esguerra, y la viceministra de Política y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente.
A las funcionarias y a Camargo se les suma el subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP, Juan Gallego; la vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, Carolina Barbanti, y el vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, Gustavo Salazar.
La Procuraduría examinará las razones por las que el 28 de diciembre del año pasado el consejo directivo de la ANI, en sesión extraordinaria, no aprobó la prórroga y modificación del contrato de concesión portuaria que cinco días antes había autorizado.
El ente de control sostuvo que las partes del consejo directivo pudieron incurrir en falsa motivación al argumentar en la retractación, presuntamente sin evidencias, “importantes afectaciones ambientales negativas” en Buenaventura.
La revocatoria tampoco tuvo en cuenta, según el Ministerio Público, ningún concepto de la Superintendencia General de Puertos o del Establecimiento Público Ambiental, la máxima autoridad urbana y suburbana del distrito portuario vallecaucano.
“De igual manera, los funcionarios pudieron violar el debido proceso en el trámite adelantado frente la solicitud de modificación sustancial del contrato de concesión portuaria”, aseveró la Procuraduría.
Esa aparente vulneración al debido proceso arribó a partir del desconocimiento de la preclusión de las etapas contractuales, la conformación del consejo directivo que tomó la decisión y un vicio en el trámite de un recurso de reposición.
“Con esta etapa procesal y la solicitud de pruebas que se hizo la entidad busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados” y determinar si son precisamente una falta disciplinaria, concluyó el Ministerio Público.
