Por posibles irregularidades en el recibo de la obra de alcantarillado sanitario en María La Baja (Bolívar), la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Luz Marina Casallas Alarcón, en su condición de funcionaria de Findeter y supervisora del contrato de interventoría, y Jaime Buenaventura Quintero Sagré, representante legal del Consorcio HICON e interventor del contrato, para la época de los hechos.
La investigación señala que Casallas Alarcón y Quintero Sagré habrían certificado como recibida a satisfacción la construcción del alcantarillado sanitario que supera los $18 mil millones, pese a que la obra no habría sido ejecutada a cabalidad.
La visita técnica en sitio realizada por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría evidenció deficiencias en el diseño y el proceso constructivo y, por consiguiente, el incumplimiento de los requisitos para su recibo por parte de la entidad pública.
Las conductas endilgadas a los entonces supervisor e interventor del contrato fueron calificadas provisionalmente como falta gravísima cometida a título de culpa grave y culpa gravísima, respectivamente.
