La Corte Suprema de Justicia reveló este miércoles una decisión con la que el narcodisidente ‘Iván Márquez’, uno de los más sangrientos jefes ilegales que está pidiendo pista en la “paz total” de Gustavo Petro, termina condenado a 25 años de cárcel por asesinato.
La decisión la tomó la Sala Penal al resolver un recurso de casación, con el cual dejó sin efecto una sentencia en la que había sido absuelto en segunda instancia del crimen de monseñor Isaías Duarte Cancino, perpetrado por las extintas Farc en el 2002 en Cali.
El cargo por el que se le revivió esta condena es el de homicidio agravado y terminó salpicándolo por haber hecho parte del autodenominado secretariado mayor de las Farc, sobre el cual -de acuerdo con la investigación judicial- recayó toda la responsabilidad del asesinato del clérigo santandereano que mataron en la capital del Valle.
De hecho, como “Iván Márquez” suscribió en 2016 el acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, este y otros procesos en los que estaba vinculado perdieron su vigencia judicial por haberse sumado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Pero, luego de dejar botado el acuerdo y desertar para regresar a las armas y al narcotráfico, el aparato judicial colombiano le revivió varios expedientes. Entre ellos, precisamente, este que acaba de resolver la Corte Suprema de Justicia.
“Queda vigente la sentencia proferida el veintinueve (29) de diciembre de dos mil once (2011), por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cali, que lo condenó a trescientos (300) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años, por el delito de homicidio agravado”, se lee en la decisión fechada del 23 de noviembre pasado y que fue emitida por el despacho del magistrado Fernando León Bolaños.
Esta decisión judicial se conoce en momentos en los que “Márquez” y su Segunda Marquetalia, la disidencia que conformó tras violentar los acuerdos de paz de La Habana, le piden pista al Gobierno de Petro para hacer parte de la paz total y, por ende, obtener beneficios jurídicos.
No obstante, aún no se conoce un pronunciamiento oficial del Ejecutivo sobre este espinoso tema.
