En Colombia ha sucedido de todo transcurridas las últimas dos semanas desde que el país entró en estado de protesta, reclamo e inconformismo el pasado 28 de abril. El pueblo de a pie salió a las calles, en medio de un momento crítico que nos mantiene en modo contagio latente por la tercera ola de la Covid-19, para exigir que un inconsulto proyecto de reforma tributaria no fuese tramitado en el Congreso de la República, y a bien que lo logró.
No obstante, un espiral de necesidades, inequidades y marcadas diferencias en lo social motivó una gran movilización contra un gobierno nacional que no atina y se muestra desconectado frente la cruda realidad que llevó al límite a ese mismo pueblo que sigue enviando – de todas las formas posibles – un mensaje claro: “Estamos mamados de los gobiernos a espaldas de sus gobernados”.
Otro tema muy distinto, y que debe separarse de la protesta pacífica social justificada, es el relacionado con los responsables y autores de los actos vandálicos que han pretendido deslegitimar el inocultable sentir del ese pueblo de a pie, apelando al desorden público, la violencia y lo delincuencial.
Punto aparte, por supuesto, merece de igual manera por su relevancia e implicaciones todo lo que ha envuelto el accionar de la fuerza pública para reprimir, sus excesos y la violación de los derechos humanos, amén de la justicia que debe ser aplicada con rigor contra los llamados infiltrados, responsables de los desmanes y saqueos aprovechándose de la alta tensión social que hay en las calles para generar así el caos colectivo.
En medio de todo esto, hoy las noticias dan cuenta de 42 personas muertas (incluidos 39 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública), 362 casos de violencia física, 30 agresiones ocultas y 16 casos de violencia sexual. Organismos mundiales defensores de los Derechos Humanos tienen la lupa puesta en Colombia.
Entre tanto el gobierno a través de su vocero e interlocutor, el Alto Comisionado de Paz Miguel Ceballos, anuncia que “no ha sido instalada la mesa de negociación” a la espera del análisis del pliego de peticiones presentado el último domingo por el Comité Nacional de Paro (CNP) reclamando garantías tanto para el ejercicio de la protesta como para las mesas de negociación.
Entre el desmonte del Esmad y que el Estado reconozca los excesos en el uso de la fuerza policial, al igual que se garantice el derecho a la protesta pública y que el ministro de la Defensa pida disculpas, será que en esta tercera semana de paro se podría llegar a un punto de inflexión que marque el rumbo hacia una salida negociada sin miramientos ni cálculos políticos entre vencidos y vencedores, pero sí garantizando los acuerdos, compromisos y acciones reales en pro de iniciar los procesos de cambio que el pueblo reclama tras caerse la reforma tributaria, ante una empantanada reforma a la salud, la posibilidad de aprobarse la renta básica y el reclamo empresarial en defensa de la producción nacional.
Al menos hasta ahora parecería haber buena voluntad entre las partes pero nada está escrito y cualquier cosa podría esperarse cuando ya se ha denunciado una supuesta estrategia oficial para dilatar las negociaciones. Entonces, bien ocurriría que “no se le siga torciendo el rabo a la puerca” o tal vez que “tanto dé el agua al cántaro”, apelando al argot popular. Y mientras sabemos qué ocurrirá, para mañana miércoles 19 de mayo ya fue convocada una nueva gran movilización nacional.
Por: Freddy Gutiérrez B.
