El Centro Democrático radicó, al inicio de este periodo de sesiones, una iniciativa que busca derogar la llamada Ley de Garantías, una norma creada para prohibir la contratación pública en las entidades territoriales en las cuales se van llevar a cabo las elecciones y así evitar la corrupción electoral con dineros del erario público.
La iniciativa fue radicada por la Senadora Paola Holguín y el representante a la Cámara por Antioquia Juan Espinal. Entre los argumentos expuestos por los legisladores está que debido a que la Ley de Garantías se creó tras la aprobación de la reelección presidencial y como dicho acto legislativo fue reformado y dejado sin vigencia en 2015, entonces la ley no tendría efectos.
“Esta Ley prohíbe que autoridades municipales, departamentales y distritales suscriban convenios interadministrativos y modifiquen las nóminas de tales entes, durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección. La suma de las restricciones contempladas en la citada Ley ha significado, en la práctica, un bloqueo en la gestión administrativa y financiera de departamentos y municipios por un término equivalente a un 25 % del periodo de los mandatarios”, aseguraron los congresistas.
El Proyecto, que cuenta con dos artículos, “también pretende contrarrestar el cíclico aumento exponencial de la contratación directa en todos los entes del Estado, previo al inicio de la prohibición, en detrimento de los principios de transparencia y planeación. Según la Auditoría General de la República, en 2018, ad portas de la entrada en vigencia de las restricciones contractuales, el número de los contratos directos creció 143,43 %; apenas cuatro días antes del límite para contratar, a nivel nacional, se suscribieron 43.734 contratos”.
