El pasado 2 de julio, el presidente de la República, Gustavo Petro, decretó la emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Hoy, se dio a conocer el primer decreto expedido a partir de la declaratoria de emergencia.
En el decreto 1250 de 2023, que fue firmado por el presidente y su gabinete, se encargó al Ministerio de Vivienda de garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento básico en esta región del país.
“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio quedará facultado para la contratación directa de una fiducia mercantil que tenga por objeto la constitución de un patrimonio autónomo para la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento básico en La Guajira. Podrá contar con recursos del Presupuesto General de la Nación, los que asignen las entidades nacionales, de los entes territoriales, de las empresas operadoras de servicios públicos del departamento, municipio, de organismos internacionales de cooperación y otras personas naturales y jurídicas. Este patrimonio autónomo estará sujeto al cumplimiento de las normas que le sean aplicables”, dice el decreto.
En ese mismo sentido, establece que se podrá contratación de manera directa con organizaciones sociales, comunitarias e indígenas.
“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico de La Guajira (PDA) estarán facultados para realizar contrataciones directas con organizaciones sociales, cívicas, comunitarias y étnicas, las cuales tendrán por objeto adquirir los bienes, servicios y obras necesarias para hacer frente a los hechos que originaron la declaratoria de emergencia y/o conjurar sus efectos, aun cuando superen la mínima cuantía”.
El decreto, que ya entró a regir, también ordena la creación del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira, como una entidad descentralizada del orden nacional, cuyo objeto será gestionar el recurso hídrico en el territorio. El director de dicho instituto será nombrado por el presidente.
Por ende, el decreto determina que el proyecto multipropósito del río Ranchería, que hoy es uno de los elefantes blancos más grandes del país, sea estratégico para garantizar el acceso al agua potable para el consumo humano, para lo cual, el ministerio de vivienda deberá garantizará la administración, operación y mantenimiento de este proyecto.
Ahora, la Corte Constitucional entrará a revisar en primer lugar el decreto de la declaratoria de la emergencia económica, social y ambiental en La Guajira, expedido por el presidente Gustavo Petro y, posteriormente, este decreto que ordena las primeras acciones.
