No todos le caminaron al día cívico de Petro en las principales ciudades de Colombia

El anuncio del presidente Gustavo Petro de decretar el ‘Día Cívico de la Paz por la Naturaleza’, a celebrarse cada 19 de abril, ha generado una intensa controversia en el país. Esta fecha coincide con la creación del M-19, un movimiento guerrillero del cual Petro fue miembro, así como con el cumpleaños del mandatario.

El decreto presidencial ha dividido a la nación, con numerosos cuestionamientos sobre la elección de la fecha y las intenciones detrás de esta medida. Mientras algunos la ven como una oportunidad para concientizar sobre el cambio climático y la protección de la naturaleza, otros la interpretan como una acción política que busca exaltar el pasado guerrillero del presidente.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, defendió la decisión del Gobierno argumentando que busca enfrentar los efectos del cambio climático y generar conciencia ambiental en la población. Sin embargo, varios sectores de la oposición han criticado la medida, calificándola de política y cuestionando su pertinencia.

A pesar de la directriz del Gobierno, algunas entidades públicas y privadas han decidido no acoger el día cívico. Alcaldías como las de Bogotá, Barranquilla y Santa Marta, así como el Senado de la República, anunciaron que trabajarán con normalidad. Además, las mipymes de Acopi en el Atlántico expresaron su desacuerdo con la medida, argumentando falta de planificación.

Las críticas también provienen de figuras prominentes como el exministro de Salud Alejandro Gaviria, quien satirizó la decisión presidencial comparándola con un decreto dictatorial. La senadora Angélica Lozano del Partido Verde calificó la medida como improvisada, caudillista y personalista, mientras que la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático acusó al presidente Petro de desconocer el poder del Congreso al imponer un festivo por decreto.

La controversia en torno al ‘Día Cívico de la Paz por la Naturaleza’ evidencia las profundas divisiones en la sociedad colombiana y plantea interrogantes sobre el papel del Gobierno en la promoción de la conciencia ambiental y la construcción de la paz.

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