Un nuevo proceso disciplinario interno de la Superintendencia de Notariado y Registro, indica que la registradora de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, Trischa Toledo Kasimir, reemplazante del suspendido registrador, Rafael Pérez Herazo, estaría siendo investigada desde el 2019 junto a 16 funcionarios más de la dependencia, debido a “faltantes en pagos de derechos de registros”.
Recordemos que, en diciembre de 2021, la oficina fue intervenida por la Superintendencia, debido al “creciente” número de quejas por presuntas irregularidades en la prestación de servicios, como: fallas en el reparto de documentos sometidos a registro, atraso en la calificación de los actos, la indebida confrontación de las matrículas inmobiliarias y problemas jurídicos. La intervención se extendió hasta enero 2022 y eso llevaría a la suspensión de Rafael Pérez Herazo.
Ahora, un nuevo proceso disciplinario contra funcionarios de la misma oficina vuelve a dar de que hablar. Según la Superintendencia, Toledo y otros funcionarios, les fueron formulados pliego de cargos, al parecer, por no haber “verificado las consignaciones”, relacionados con tramites adelantados en la oficina.
“En el informe final de auditoría realizado a la ORIP de Barranquilla se identificaron irregularidades en el recaudo de derechos de Registro de los meses de abril a diciembre de 2018 y enero de 2019”, se lee en el documento.
De acuerdo con la entidad, dichas anomalías se reflejan en el manejo de los “turnos de radicación”, el manejo de las “fechas”, en “números de escritura”, “el valor de la liquidación de los derechos de Registro”, “conservación documental”, “valor del certificado de libertad”, “el total de los derechos de Registro”, “el número de la consignación digitada en el sistema de folios”, “valores en comprobantes de consignación y la especificación del usuario (en sistema) con funciones de cajero liquidador”, entre otros aspectos.
La investigación indica que la suma global del faltante de las arcas de la Superintendencia y que involucra a un total de 17 funcionarios de la ORIP de Barranquilla asciende a $150.064.600. Este dinero no se habría recaudado entre abril de 2018 y febrero de 2019, lapso en el que, al parecer, hubo un cambio de servicios de una entidad bancaria a otra dentro de la oficina.
“Acá había recaudos por una extensión de caja del Banco Popular que funcionó hasta el 26 de abril de 2018. El día 29 de abril dejó de funcionar la extensión y se inició con el recaudo de Bancolombia, entonces la gente llegaba y se les liquidaba. Ahí tenían que salir a Bancolombia. El día 2 de mayo de 2018 yo solicité al funcionario (…) la activación del usuario del Portal de Bancolombia para poder hacer la validación del pago que traían los usuarios y solamente hasta el día 25 de mayo fue que se activó”, mencionó el interrogado.
Así mismo, en la investigación también se determinó que, al parecer, en la Oficina de Instrumentos Públicos era usada, hasta dos veces, un mismo recibo de caja para el pago de una gestión en distintos usuarios. Ante eso, uno de los interrogados dijo: “En cuanto a la reutilización de un pago que ya había sido validado por mi existen dos situaciones: la primera es que la persona podía tener dos copias de la misma consignación y las podía hacer sellar por mi dos veces ya que no tenía cómo controlar que ya había sido utilizado. La segunda situación que se podía presentar es que la persona no subiera y, a pesar de esto, se radicaba por el cajero el documento, sin la verificación del pago”.
En el caso de la registradora encargada, en una versión entregada a control interno dijo sobre los procesos que: “los pagos de Gobernación estuvieron bien, pero los pagos que entraron a la oficina por derechos de registros bajo estos turnos (de trabajo), con recibos de pago Bancolombia, yo no tenía herramientas cómo verificar en el sistema, pues no contaba aún con la aplicación, la cual fue instalada en mi computador en junio de 2018, de manera que las consignaciones no tenían forma de ser verificadas”.
Pese a la investigación en su contra, la funcionaria no está suspendida, ya que “no hay un fallo que demuestre una falta que la inhabilite para cumplir cualquier función al interior de la entidad. Reiteramos sus indicadores de eficiencia y calidad han sido demostrados en las tareas designadas”, explicó la superintendente, Goethny Fernanda García.
Por: Adriana Ricardo
