En una iniciativa sin precedentes, la Procuraduría General de la Nación ha abierto un espacio de diálogo para escuchar las preocupaciones de las comunidades respecto al impacto negativo ambiental que está sufriendo la Ciénaga de Mallorquín y Barranquilla en general, debido al proyecto urbanístico Ciudad Mallorquín, ejecutado por Argos.
Previo a esta reunión, trabajadores de las empresas constructoras que llevan a cabo los conjuntos residenciales de Ciudad Mallorquín realizaron una protesta en las afueras de la Universidad del Norte, generando una presión similar a la de los grupos políticos en el poder.
La Procuraduría autorizó la asistencia de cinco representantes de las comunidades afectadas, quienes entregaron una carta pero optaron por no ingresar a la reunión. Sin embargo, la participación activa de los residentes de Ciudad Mallorquín en la sesión destacó la preocupación por el futuro de sus hogares.
Leonor Prada, copropietaria del edificio Speranza, expresó la frustración de quienes adquirieron viviendas en Ciudad Mallorquín bajo todas las reglas y reglamentos, solo para encontrarse ahora con problemas ambientales que podrían afectar su permanencia en el lugar.
Raymundo Marenco, excandidato a la Alcaldía de Barranquilla, enfatizó que la lucha no es contra la población, sino contra la constructora responsable del proyecto. Mientras tanto, los ambientalistas presentes recordaron las devastadoras consecuencias ambientales del proyecto, incluida la pérdida de hectáreas de naturaleza y la muerte de animales, lo que ha afectado gravemente a los pescadores locales.
En el encuentro, se demandó una audiencia pública ambiental convocada por el Ministerio Público, que contaría con la presencia del Ministerio de Ambiente, la ANLA y otras autoridades pertinentes.
Al finalizar la reunión, la Procuraduría anunció una visita técnica a Ciudad Mallorquín para evaluar la situación de primera mano.
