El caso del contralor distrital Jesús Acevedo Magaldi ha despertado la duda de si la carrera de este funcionario ha estado salpicada de presuntos hechos de corrupción que hoy, luego de una semana de la denuncia que ha escandalizado a la comunidad atlanticense, siguen sumándose.
Se reconoció a Acevedo como asociado fundador de la Corporación Educativa para la Investigación y Desarrollo en Talento Humano, Finanzas y Tecnología, CEIFIT. Corporación en la que según se ejecutaron convenidos con sumas de dinero que oscilan entre los 6 millones de pesos, en el año 2019.
No salvos de los presuntos actos de corrupción se encuentran otros funcionarios de otras entidades, mientras que se conoce que Acevedo, Fiorillo y Náder son una unión de presunta conducta inmoral.
Según estableció Atlántico en Noticias, “la entidad que fundó Acevedo y que representa legalmente su mamá, contrató entre los años 2017 y 2019, con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, dirigida entonces por Alberto Escolar, más de 4.600 millones de pesos”.
La CRA se encuentra enlazada con Jesús María Acevedo por la actividad de control fiscal que llevan a cabo las contralorías distritales como departamentales en la entidad. Actividad que, en el 2017, llevó a el contrato de 100 millones de pesos para para “capacitar, actualizar, profundizar y complementar los conocimientos y habilidades y competencias de los funcionarios de la CRA”, que a fin de cuentas terminaron siendo contratos imprecisos. Así mismo, la muestra de “soluciones de autogeneración eléctrica”, para los ciudadanos de Repelón y Sabanalarga, estuvo avaluada en 200 millones de pesos. Luego en 2018, con el mismo último objetivo mencionado, celebraron un contrato de 400 millones de pesos, esta vez para desarrollarlo en los municipios de Candelaria y Luruaco.
“En el año 2018 y con el objeto de “desarrollar estrategias”, la Corporación Educativa para la Investigación y Desarrollo en Talento Humano, Finanzas y Tecnología – CEIFIT, contrató más de 1500 millones de pesos con la CRA; estrategias que van desde el manejo de residuos sólidos, valorar especies exóticas, hasta control de ruido”, manifiesta el periodista Jorge Cura en su informe.
Como estos contratos mencionados se encuentran entre la CRA y la corporación del Acevedo, celebrados sin medida a lo largo del 2018 desde la ubicación del ente de control distrital.
En el año 2019, esta vez con a la Secretaria del Interior de la Gobernación del Atlántico, la CEIFIT al mando de Acevedo, celebraron un convenio por valor de 700 millones de pesos, dicha finalidad fue “aunar esfuerzos institucionales para desarrollar procesos de capacitación a los actores sociales y comunitarios de los municipios del departamento del Atlántico por medio de “un diplomado en control social, participación ciudadana y derechos humanos”.
En el tiempo en el que se llevaba a cabo este contrato, la oficina jurídica, por delegación del Despacho del Gobernador, la dirigía por el muy nombrado por estos días Rachid Náder Orfale, en la que se daba vía a estos contratos.
Aunque no se hizo posible establecer el número de participantes del diplomado y mucho menos el argumento de peso que respalde el porqué de las contrataciones con esta entidad, no reconocida en el Atlántico, mientras existen organizaciones de educación superior con la capacidad y calidad ofrecer estos servicios, se presume que estas decisiones independientes por parte de Rachid Náder Orfale se hacían para conveniencia y ganancia de Jesús María Acevedo Magaldi.
