El último operativo realizado por la empresa Air-e, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, donde en un conjunto residencial había 12 apartamentos con conexiones fraudulentas, puso en evidencia que el robo de energía es algo que se va a acabar en esta sección del país.
“En este último operativo identificamos 12 predios en un condominio en Alameda del Río, El Turpial. Había 10 líneas directas, dos medidores manipulados y lo que tiene que haber ese rechazo social de parte de todos los usuarios, indicando y señalando el daño que nos está causando a todos. Seguimos trabajando, en lo técnico, para poder erradicarlos, cuando los encontremos, con el apoyo de la Fiscalía y de la Policía, poder individualizarlos para que se establezcan las sanciones”, dijo Ramiro Castilla Andrade, gerente de Air-e en Atlántico.
El funcionario manifestó que lamentable, pese al llamado que hacen las autoridades, la comunidad, los líderes “y ustedes los medios de comunicación, se siguen encontrando casos de robo de energía, con el que se está atentando contra el servicio, contra la continuidad de una empresa, contra la seguridad de las personas. En ese sentido nuestro compromiso es luchar contra el robo de energía”.
Sostuvo que la empresa está desde lo técnico, en la identificación y erradicación, en lo social y en la transformación que necesitan para que los usuarios entiendan que quien roba energía está afectando a todos. “Nos está causando un impacto desde el punto de vista de calidad, pero hoy sabemos que también nos afecta en lo tarifario”.
“Quien roba energía nos está robando a todos y se expone a sanciones de seis años de cárcel y 150 salarios mensuales de multa o sanción. Pero la sanción más importante tiene que ser la social; la que nosotros como usuarios, como comunidad rechacemos este tipo de comportamientos y podamos hacer un uso legal, trabajar en el uso racional, pero también en la estabilidad en la prestación del servicio”. Anotó.
Sobre si han resultado las denuncias y captura de los responsables, Castilla Andrade manifestó que “hay más de 280 investigaciones en curso. Ha habido casos en donde ha habido la judicialización, también medidas de aseguramiento, pero lo importante es que sigamos avanzando con las autoridades, pero también con lo fundamental, con el cambio y el compromiso individual de no cometer este delito”.
En cuanto a las pérdidas de energía, sostuvo que se tiene una afectación de 2.000 millones de pesos diarios. “Imagínense lo drástico que es esto, es como si a un banco le robaran todos los días 2.000 millones de pesos, estaríamos todos en alerta».
