La Corte Constitucional tomó su decisión final en el enmarañado proceso de elección de contralor general para el período que va desde 2022 hasta 2026. El alto tribunal resolvió una acción de tutela interpuesta por Carlos Hernán Rodríguez Becerra, elegido por el Congreso pero apartado del cargo por el Consejo de Estado
Rodríguez consideró que con la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que en mayo del año pasado anuló su elección, se vulneraron sus derechos fundamentales, así que interpuso una tutela que la Sección Segunda del mismo Consejo falló en su contra. La Corte Constitucional decidió revisar el litigio y este miércoles tomó su postura.
Contrario a la Sección Segunda, la Sala Plena de la Corte Constitucional sí amparó los derechos que Rodríguez alegó transgredidos, pero solo parcialmente. La meta final del excontralor era volver al cargo que actualmente ocupa de forma interina su coequipero, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, mas esa pretensión no se concedió.
La Sala Plena revocó la sentencia de la Sección Segunda y cambió la segunda orden que la Sección Quinta impartió en mayo. La Quinta había declarado la nulidad de la elección de Carlos Hernán Rodríguez y le ordenó al Congreso rehacer todo el proceso a partir de la convocatoria, que había comenzado con una resolución de enero de 2022.
El Legislativo ya había comenzado ese procedimiento y se disponía a escoger la universidad que acompañaría la etapa académica del proceso en reemplazo de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Sin embargo, en marzo la Corte Constitucional le ordenó detener esa etapa hasta que se fallara de fondo la tutela de Rodríguez.
Ahora, con la determinación de este miércoles, de la que aún no se conoce la sentencia completa, el Capitolio deberá volver a arrancar el proceso, pero no desde la convocatoria, sino desde la lista de veinte elegibles que la UIS envió en marzo de 2022 luego de la prueba de conocimientos. Allí aparece el nombre de Rodríguez.
Con esa etapa comenzaron los problemas serios en el proceso que derivó en Rodríguez Becerra en el ente de control fiscal. Se interpusieron dos tutelas que consideraban que no se respetaron los criterios de equidad de género, por ejemplo, y dos Tribunales le ordenaron al Congreso ajustar las listas de acuerdo con los reclamos.
