La alerta que emitió la Defensoría del Pueblo este lunes por el desplazamiento forzado de varias familias indígenas en La Guajira encontró un escenario contrario al esperado: el número de familias afectadas ahora es mayor.
Al menos 120 familias habitantes de Limón de Carrizal, La Laguna, Guacama y Mucura, comunidades ubicadas entre Riohacha y San Juan del Cesar, tuvieron que abandonar su territorio por los enfrentamientos que sostienen grupos armados.
El panorama fue expuesto este miércoles por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que indicó, citando a organizaciones de víctimas de la zona, que entre las familias víctimas hay 142 niños y niñas, así como ocho mujeres gestantes.
“Las comunidades desplazadas han habitado ancestralmente un territorio que desde hace décadas es disputado por los grupos armados”, subrayó la JEP, al tiempo que recordó que las amenazas se han documentado en el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría.
Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre el riesgo que vive la región, a nivel estructural, por las presiones y las amenazas de las organizaciones ilegales que se disputan el control territorial. Una de las alertas llegó el año pasado.
El 21 de junio de 2023, el Sistema de Alertas Tempranas presentó una alerta inminente por la disputa territorial entre los Pachencas, conocidas como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también autodenominadas Clan del Golfo.
Tal alerta, la 025 del año pasado, “identificó la ocurrencia de masacres, homicidios selectivos, extorsiones, regulaciones a la movilidad, imposición de horarios y normas de conducta, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de reclutamiento de menores”, recalcó la JEP.
La Comisión Étnica de la JEP resalta que “se agotaron” las estrategias de resistencia del pueblo Wiwa, en peligro de extinguirse. La de esta semana no es la primera vez que integrantes de esa comunidad deben alejarse de sus territorios ancestrales para salvar sus vidas.
