A través de Twitter, el concejal de la ciudad de Medellín Daniel Duque, denunció: “La Alcaldía de Medellín tiene 50.000 vehículos inmovilizados en los patios de la Secretaría de Movilidad de Medellín que deben ser chatarrizados. El precio oscila entre $1.000 y $1.800 por kilo de chatarra, pero Daniel Quintero los entregó a una empresa sumamente cuestionada por solo $98”. En esta denuncia adjuntó documentos del proceso licitatorio y de la empresa en particular.
Pero, al parecer, las irregularidades no surgen solo al momento de vender la chatarra a un menor precio del que exige el mercado, si no, también, durante el proceso de escogencia de una empresa desintegradora para que fuera esta la contratada para llevar a cabo del proceso de chatarrización.
Este medio, conversó con Alberto Rojo Pérez, representante legal de la Unión Temporal ‘Merl SAS’, empresa desintegradora de vehículos que participó en el proceso en el que empresas interesadas aplican para la desintegración de vehículos que han sido inmovilizados por cualquier razón en Medellín, para luego ser chatarrizados si cumple con las características. Esta empresa fue descalificada por al parecer no cumplir con los requerimientos técnicos.
Sin embargo, Rojo aseguró a este medio que existió una presunta manipulación en los requisitos establecidos para la participación de las empresas. Se exigía una maquinaria que no está avalada por los ministerios encargados, que no existe en el mercado y además, la firma que ganó el contrato no cumple con estas.
“Cuando nosotros entramos a participar, a nosotros nos revisaron la maquinaria, esto hecho por el mismo subsecretario de Transporte, donde evidenció el funcionamiento de la máquina. En las tres oportunidades, después de ellos mismos hacer sus verificaciones, nos dicen que la maquina no cumple con los requisitos, cuando una empresa certificada desintegradora de carácter internacional nos dice que la maquina funciona. Y el mismo funcionario, en actas y videos nos dice que la maquina funciona y después dice que no”, aseguró el representante.
El representante pide que “estos presuntos actos de corrupción sean investigados y que la justicia determine si aquí se cometieron o no delitos dado los fuertes indicios que tiene este proceso”.
Sobre la particular situación de la venta de chatarra a menor precio, Rojo afirma que esto se traduce a un detrimento patrimonial para la Secretaría de Movilidad y la Alcadía de Medellín, pues, las perdidas sobrepararían los 30 mil millones de pesos.
Por: Adriana Ricardo
