El expresidente y exsenador Álvaro Uribe defendió su política de seguridad democrática, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableciera que por lo menos 6402 personas fueron víctimas de falsos positivos entre 2002 y 2008, un fenómeno que se dio con mayor fuerza durante su gobierno.
Uribe señaló que “recién iniciado el Gobierno, en 2003, cuando la Seguridad Democrática empezaba a dar tranquilidad a los colombianos, ONGs, contrarias a mis ideas, acusaban a las Fuerzas Armadas de asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales. Asumí públicamente el tema y se ordenó que el cuerpo, de alguien dado de baja en combate, permaneciera en el lugar, no fuera movido y se esperara la llegada del representante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía”.
Además, indicó en un largo comunicado que en esos primeros años “enfrenté, en público, los graves hechos entre soldados y policías ocurridos en Guaitarilla y el asesinato de civiles en Cajamarca”.
Así mismo, se refirió a los hechos de la llamada masacre de Jamundí, Valle del Cauca, sobre los que indicó que “el ministro Camilo Ospina, con mi apoyo, hizo el convenio con la Fiscalía para que este ente asumiera el inicio de investigación en cualquier caso de bajas. Esa decisión de transparencia fue interpretada por retirados de las FF.AA. como una derogatoria de la Justicia Penal Militar, y, por otro lado, la Fiscalía llegó al exceso de hacer de cada levantamiento de cadáver un auto de cabeza de proceso contra soldados de la Patria”.
Uribe también se refirió al caso de Falsos positivos ocurridos en Soacha. Según dijo, “me reuní con las Madres de Soacha, dije al país lo que les escuché, afirmé que nada justifica el asesinato. Un grupo de Madres de Soacha, diferentes a quienes acudieron a la Presidencia, me denunció hace poco ante la Corte Suprema en razón de que en redes repetí lo que había dicho como Presidente. Acepté retirar lo dicho en conciliación en la Corte por respeto al dolor de las madres”.
