Ana Carolina Quijano Valencia se posesionó el pasado 10 de abril como viceministra de Educación Superior en el Ministerio de Educación, y solo tres meses después presentó su renuncia irrevocable. Evento que se presenta apenas una semana después de que se presentara el borrador de la reforma de la Ley 30.
En la carta de despedida, Quijano expresó su agradecimiento a la ministra Aurora Vergara por la “confianza” y aclaró que estará frente al cargo hasta el 31 de julio de 2023.
“Agradezco su confianza en mi trabajo y el haberme permitido trabajar por la educación superior en el país y acompañar con mi experiencia profesional los programas de transformación del Gobierno del Cambio establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026”, escribió.
Fue becaria de la Escuela de Alto Gobierno de la organización Manos Visibles, y entre 2017 y 2019 lideró la Subsecretaría de Equidad de Género en Santiago de Cali, con un enfoque en derechos humanos, reconocimiento de violencias basadas en género y las autonomías económicas.
Continuó su camino por la defensa de los derechos de las mujeres como asesora de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en el 2020, y luego reforzó su enfoque en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en su cargo como Secretaria de Educación de Jamundí, Valle del Cauca, durante 2020 y 2021.
La reforma a la educación
Entre los cambios importantes que quiere hacer el Ministerio está el esquema de transferencias a las Instituciones de Educación Superior (IES) estatales y oficiales, una medida que tendría un costo fiscal de $6,8 billones entre 2024 y 2026, distribuidos así: $1,14 billones en 2024, $2,15 billones en 2025 y $3,46 billones en 2026. Este gasto adicional estaría apalancado en los mayores ingresos por cuenta de la reforma tributaria.
En un horizonte de mediano plazo, de cerca de una década, los cálculos de la cartera indican que la reforma, específicamente en las transferencias, supondría recursos adicionales por $33 billones.
Se busca hacer modificaciones a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para atender la problemática de financiamiento de las IES.
Para el artículo 86 se plantea que los aportes del Presupuesto General de la Nación asignados a universidades estatales u oficiales se calculen tomando como base el presupuesto asignado a cada universidad el año inmediatamente anterior, ajustándolo como mínimo cada año con en el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), que publica el Dane.
Por las modificaciones al artículo 86, el Ministerio de Educación calcula costos por $617.017 millones en 2024, $1,52 billones en 2025 y $2,75 billones en 2026.
