El controversial caso del ex rector de la Universidad Autónoma del Caribe vuelve a cobrar vida. Pero ahora el ex funcionario en contra del alma mater, después del proceso en su contra por parte de la Fiscalía, por los desfalcos millonarios a la universidad, que provocaron su captura en Cartagena en noviembre del 2018.
Ramsés Vargas busca que la universidad le pague una suma de 7.300 millones de pesos por derechos laborales, a los que dice tener derecho por acuerdo en la fecha de vencimiento de su contrato, el cual radicaba hasta octubre de 2026.
El ex funcionario pide el pago correspondiente de cesantías, intereses de cesantías, primas de servicios, vacaciones e indemnizaciones. Además, como lo expresa en su petición, “también la bonificación por seguridad pactada contractualmente en dólares, insoluta desde agosto de 2017 a febrero de 2018, indexación o corrección monetaria, la liquidación definitiva de mi contrato de trabajo, la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 CST por no haberme pagado la liquidación de mi contrato a su finalización, costas y agencias en derecho y las demás prestaciones laborales y de seguridad social que se establezcan en el proceso”.
Vargas lleva más de un año en investigación por el desvío del dinero de las matriculas de la universidad, pero quedó en libertad por vencimiento de términos luego de estar en régimen de casa por cárcel.
La Universidad Autónoma del Caribe, hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto.
