Un nuevo capítulo comenzó en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Guatemala por el anuncio que hizo el Ministerio Público del país centroamericano de abrirle una investigación penal al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por supuestos actos “ilegales y abusivos” cuando se desempeñó como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) entre 2013 y 2017.
El anuncio del gobierno guatemalteco generó una molestia evidente en el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hasta el punto de que se dejó sobre la mesa la posibilidad de romper relaciones diplomáticas entre los países. Tanto Colombia como Guatemala llamaron a consultas a sus correspondientes embajadores.
Según el diccionario diplomático de la Cancillería, llamar a consultas es la decisión que toma un Gobierno de solicitar a un funcionario diplomático a que regrese a su país de origen para evaluar y dialogar sobre cierta situación en particular que permita tomar decisiones diplomáticas, esto debido a un desacuerdo frente a un tema en particular.
Dicho llamado genera alerta entre dos Estados ya que, teniendo en cuenta la gravedad del caso, las relaciones diplomáticas entre dos países pueden llegar a romperse.
“Cuando un Estado llama a consultas a su embajador en otro Estado, está enviando un mensaje muy claro en el sentido de que hay una situación preocupante que debe ser atendida. Si la situación no mejora, el llamado a consultas se puede convertir en el preludio para la suspensión o ruptura de relaciones diplomáticas”, expresa el documento diplomático.
Frente a un posible rompimiento de las relaciones, Petro aseguró el 18 de enero desde Davos, Suiza: “Hasta donde quieran llevar la situación”.
La situación ha recibido críticas por parte de la oposición al Gobierno colombiano y mayoritariamente respaldos y apoyos en particular al ministro Velásquez por las funciones que cumplió en ese país y su trabajo frente a la corrupción.
¿CÓMO HA SIDO EL MANEJO DIPLOMÁTICO?
Para el analista internacional Enrique Prieto, el manejo de la situación debería ser directamente atendido por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y no por el presidente Petro, teniendo en cuenta que la Cancillería tiene la experiencia para manejar este tipo de conflictos diplomáticos.
“No creo que la mejor opción sea la ruptura de relaciones diplomáticas bilaterales, es el último paso ante una situación muy tensa, se debe dejar en las manos de la Cancillería por varias razones: una, porque el ministro Leyva tiene mucha experiencia en estos temas, y dos, porque la Cancillería cuenta con personas altamente calificadas que pueden darle un manejo muy interesante a esta situación”, explicó Prieto.
Para el docente y analista internacional Mauricio Jaramillo, el manejo que le ha dado el Gobierno a la situación es coherente frente a las acusaciones, testimonios y pruebas que existen en el caso y rondan al ministro Velásquez.
“Es coherente porque Colombia, por ejemplo, cuando Venezuela le pidió entregar algunos de los críticos opositores que están en territorio colombiano dijo que no es coherente con la tradición colombiana de defender a las personas que se consideran perseguidas políticas, como es en este caso de Velásquez”, afirmó Jaramillo.
¿HABRÁ CONSECUENCIAS?
Frente a la posibilidad de que surjan diversas consecuencias en torno a la relación entre Colombia y Guatemala, el analista Prieto aseguró que esa situación dependerá de la posición que tome cada país o los jefes de Estado.
“Es importante que puedan bajarle un poco al tono los dos presidentes, hemos sido testigos de indirectas, por ejemplo, sobre el pasado del presidente Petro como miembro de un grupo guerrillero. Es importante para que las relaciones continúen de una forma racional y razonable, le puedan bajar al volumen de las declaraciones de cada uno de los jefes de Estado”, afirmó Prieto.
Y reiteró el analista: “Si eso se logra, las relaciones van a continuar, si continúan en esa actitud pues es probable que se llegue a esa situación de ruptura diplomática bilateral que es el peor escenario en relaciones internacionales y más aún en la región”.
Por su parte, el docente Jaramillo consideró que no llegará a haber mayores consecuencias del caso más allá de lo que ha ocurrido en los últimos días.
“No tendría por qué haber ninguna consecuencia diplomática, porque además es la justicia guatemalteca la que está acusando, no hay ni siquiera una orden de arresto, y aún de haber una orden de arresto se esperaría a que la justicia aclare de manera indefinida. Ahí hubo un error del presidente de guatemalteco que salió a criticar a Petro”, expresó Jaramillo.
EL CASO
La decisión de Guatemala de investigar a Velásquez, según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), es debido a que el ministro colombiano, supuestamente, favoreció a exdirectivos de la constructora brasileña Odebrech por medio de acuerdos de “colaboración eficaz”.
“Lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrech (…) ante los hechos evidentes, la Fiscalía categóricamente manifiesta que no escatimará esfuerzo alguno para que quienes resulten responsables, rindan cuentas ante la justicia y paguen por sus actos”, manifestó el jefe de la Feci en Guatemala, Rafael Curruchiche.
Entre los diferentes casos que manejó Velásquez en la Cicig en Guatemala, el ahora ministro de Defensa lideró en ese país la investigación sobre corrupción de Odebrecht que involucró a diferentes países de Latinoamérica.
En el caso particular de la investigación denominada ‘La Línea’, que lideró Velásquez, estuvieron involucrados funcionarios del Gobierno del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes actualmente están condenados a prisión por corrupción.
En 2019, el gobierno del expresidente de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, anunció que no se renovaría el mandato de la Cicig y, además, ordenó que el ministro Velásquez fuera expulsado y no pudiera regresar a Guatemala, mismo Gobierno que lo declaró “non grato” en ese país.
Por ahora, el ministro de Defensa colombiano manifestó que no ha sido notificado de la decisión de Guatemala, por tal motivo una supuesta orden de captura aún estaría muy lejos de efectuarse.
APOYO INTERNACIONAL
Pero el ministro Velásquez ha recibido diversas muestras de apoyo frente a la situación en las que se han argumentado su calidad personal y laboral durante toda su trayectoria profesional.
Un vocero del secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, dio a conocer que Velásquez goza de inmunidad diplomática.
“Cabe destacar que el personal internacional de la Comisión, según el acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de la Cicig, goza de privilegios e inmunidades, y que su inmunidad sigue siendo acordada incluso cuando ya no están en sus puestos”, se expresa en el video.
Dicha inmunidad ya fue reconocida por el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien manifestó que respetara ese acuerdo internacional.
El embajador encargado de Colombia en Estados Unidos, Francisco L. Palmieri, afirmó en Caracol Radio: “Yo lo conozco desde hace muchos años, trabaje con él en Guatemala e Iván Velázquez es un hombre honrado y siempre ha cumplido con sus deberes de una manera ejemplar. Yo estuve junto a él en esa lucha de la corrupción en Guatemala y no veo ninguna justificación de lo que están alegando contra él”, afirmó el diplomático.
Peter Stano, portavoz principal para los asuntos externos de la Unión Europea, afirmó: “UE manifiesta preocupación ante acciones judiciales contra exaltos cargos Cicig, Feci y Ministerio Público. Estas acciones prolongan tendencia de persecución e intimidación contra quienes participan en investigaciones o juicios relacionados con lucha contra corrupción”.
Frente a esos apoyos internacionales hacia Velásquez, el analista Prieto afirmó: “Esos apoyos internacionales ratifican que la actuación de Velásquez, la labor de esa Comisión fue adecuada, tuvo que interactuar y llevar adelante casos bajo un ambiente muy hostil. Hay una falta de confianza internacional sobre la transparencia institucional del Gobierno de Guatemala”.
Por su parte, Jaramillo expresó: “El apoyo que ha recibido es muy claro, no lo están defendiendo a él, están defendiendo el debido proceso, están defendiendo sus derechos, la presunción de inocencia”.
