Según la Organización Mundial de la Salud los niños con discapacidad son víctimas de alguna forma de violencia 3.7 veces más en comparación con quienes no tienen esta condición, siendo los más vulnerables aquellos con discapacidad mental o intelectual. Algunos factores de riesgo que señala esta revisión hecha por la OMS en países de ingresos altos, son principalmente el estigma social, la discriminación, el desconocimiento en relación a la discapacidad y la falta de apoyo por parte del cuidador o familiares.
Las mujeres y niñas con discapacidad son más vulnerables al abuso y de acuerdo con una encuesta realizada en Orissa (India), casi todas las mujeres y las niñas que tenían alguna discapacidad fueron víctimas de violencia en el hogar, el 25% de las mujeres con discapacidad intelectual habían sido violadas y el 6% de las mujeres con discapacidad habían sido esterilizadas por la fuerza. Y según un estudio británico, quienes tienen discapacidad son propensos a ser víctimas de violencia o violación y tienen menos probabilidades de obtener apoyo de la policía, protección jurídica y cuidados preventivos.
En Colombia, los derechos y deberes de las personas con discapacidad se consagran desde la Constitución Política de 1991, como punto de partida para brindar protección y participación efectiva de esta población bajo el concepto de dignidad humana abordando en los artículos 13, 42, 47, 57 y 68 distintas dimensiones para su desarrollo pleno en la sociedad (social, educativa, laboral, recreación, rehabilitación funcional y política pública).
En adelante, se han propuesto leyes y decretos para la protección e inclusión de las personas con discapacidad que abordan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que fue ratificada en Colombia con la Ley 762 de 2002, la Ley 1346 de 2009 y la Ley Estatutaria 1618 de 2013, “que garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009”.
Para fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, desde la Procuraduría General de la Nación se redactó la Directiva No.041, que incluye la Protección contra Abusos, Violencia, Explotación y Maltrato, proponiendo el diseño de políticas y programas accesibles que prevengan abusos, violencia física, psicológica, explotación y maltratos contra niños, niñas y adolescentes haciendo énfasis en los que tienen discapacidad:
Se contempla la capacitación, concientización y aplicación de la Resolución 1904 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social a los servidores públicos, entidades promotoras de salud, familias y cuidadores; Activar el Protocolo de Atención Integral en Salud- Resolución 0459 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, en caso de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Así mismo, se propone establecer mecanismos y rutas de denuncia y atención accesibles para que las personas con discapacidad puedan hacer denuncias sobre violencia y maltrato; capacitar a maestros y personas vinculadas a instituciones educativas para que puedan identificar estas situaciones.
A nivel internacional existen guías y programas para prevenir el maltrato y abuso de niños, niñas y adolescentes, entre ellos, “Prevención del maltrato infantil. Guía para tomar medidas y obtener datos de investigación” y “Prevención de la violencia. Los datos de investigación”, de la OMS.
Desde UNICEF se tienen como principios los enfoques de derechos humanos y desarrollo inclusivo, basándose en un modelo de doble vía donde se tenga una inclusión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en políticas y programas dirigidos a este grupo poblacional y el diseño e implementación de ajustes razonables para niños, niñas y adolescentes con discapacidad que respondan a sus necesidades. Esta entidad señala que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son uno de los grupos más marginados y excluidos en la sociedad, enfrentándose a situaciones como actitudes negativas, estereotipos, violencia, abuso, aislamiento y la falta de políticas y leyes adecuadas, para lo cual, proponen que a través de la Convención Sobre los Derechos del Niño y la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el niño debe ser reconocido como pleno miembro de su familia, comunidad y sociedad, lo que supone priorizar la inversión necesaria para eliminar todas las barreras físicas, culturales, económicas, de comunicación, movilidad y actitudinales que impiden el ejercicio de sus derechos, incluyendo su participación activa en procesos de toma de decisión en asuntos que afectan su vida cotidiana.
Por: Paola Alcázar Hernández
