Plan B del proyecto de navegabilidad del río Magdalena

Ante el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, el Ministerio de Transporte presentó una solicitud de aval fiscal con el fin de viabilizar financieramente las acciones contempladas en el plan B para el mantenimiento del canal navegable del río Magdalena entre Bocas de Ceniza y Barrancabermeja.

El documento expone que la petición se realiza con el fin de continuar con el tramite de declaratoria de importancia estratégica ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, y garantizar los recursos necesarios para materializar esta iniciativa que surge tras el fracaso de la APP del Río y fue anunciada por el presidente Iván Duque.

La estrategia contempla, según lo expuesto en el documento, la construcción de obras de encauzamiento, compra de equipos y mantenimiento del canal navegable por un total de $1.4 billones.

Las acciones, según lo expuesto por la ministra Ángela María Orozco, estarán bajo la responsabilidad de Cormagdalena. Para esta operación se contempla comprometer vigencias futuras hasta el año 2027 (ver infografía).
Para la compra de la primera draga se destinarán $21.420 millones (correspondientes a la vigencia 2023), mientras que para la segunda draga se destinarán $384 mil millones: $117 mil millones en la presente vigencia y $206 mil millones en el 2024.

Además, en las obras de encauzamiento, señalización de puentes e instalación de amarraderos se concentrará gran parte de las inversiones: $448 mil millones. En los dos equipos de dragado se hará una inversión por el orden de los $405 mil millones.

Por su parte, el plan de monitoreo para mejorar la navegabilidad supone inversiones por $12.411 millones.
En dicho periodo, $520 mil millones serán destinados para el dragado de mantenimiento y $35 mil millones adicionales corresponden a la asistencia técnica, así como $39 mil millones se utilizarán en mantenimiento y operación de las dragas.

También se prioriza la reconstrucción del Tajamar Occidental del canal de acceso al Puerto de Barranquilla y la habilitación de amarraderos para desfragmentar convoyes en sitios críticos de navegación del canal navegable.
Para Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, lo que hoy se abarca es el “reflejo” de lo que ya estaba contemplado en la APP y guarda coherencia con las prioridades que se definieron.

Por: Adriana Ricardo

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