La Procuraduría General de la Nación pidió al Congreso que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y los decretos leyes étnicos se prorroguen por un plazo adicional de 15 años y no de 10, como inicialmente estaba previsto.
En un debate en la Comisión Primera del Senado, sobre la prórroga de la norma, el Ministerio Público señaló que tanto la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como los decretos hacen parte del componente de reparación para las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por lo que resulta imperativo garantizar que exista una coordinación entre su duración y el tiempo de funcionamiento de la justicia transicional.
Agregó el órgano de control que dado que la Reforma Rural Integral es el camino para contribuir a la estabilización socioeconómica y el goce efectivo de los derechos de las víctimas, se requieren al menos 15 años de prórroga para materializar el enfoque, pues este es el tiempo anunciado por el Gobierno para la implementación de la hoja de ruta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
