Petro insiste en reformar la Procuraduría: “Está quitando derechos políticos”

Ayer martes 14 de mayo, en medio de la posesión de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura Mary Lucero Novoa, el Presidente Gustavo Petro se refirió a los cambios que vendrían a la Procuraduría General de la Nación.

“Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de obligatorio cumplimiento para el estado (..) incumplida por Colombia porque autoridades administrativas en el pasado y aún hoy en el presente siguen quitando derechos políticos, incluso al presidente se le amenaza por parte de una instancia administrativa de quitarle su derecho político a ser elegido”, expresó el presidente. Lea aquí: Minjustucia anuncia libertad condicional para miembros de Primera Línea.

En ese sentido, Petro se preguntó sobre “¿Qué pasa entonces con la próxima Procuraduría, no debería haber una reforma ya? La Procuraduría está quitando derechos políticos a ciudadanos y es una instancia administrativa. Estamos incumpliendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

En su intervención, el presidente aseguró que se le solicitaron reuniones a la actual procuradora, Margarita Cabello, para pensar en una reforma de la Procuraduría, y que la presenta a al final de su mandato, una reforma constitucional. «Todo parece indicar que no fue así».

“Entonces, el presidente de Colombia debe ir a Costa Rica a decir que el estado de Colombia incumple las sentencias de la Corte Interamericana y nos salimos entonces por consecuencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, recalcó Petro este martes.

El jefe de Estado añadió que Colombia debe comprometerse con el mundo, para que al país le vaya mejor y de paso se puedan cumplir las sentencias internas.

Cabe resaltar que a esta propuesta que ya ha rondado entre el ejecutivo y el judicial desde el año pasado, y que asimismo tuvo fuertes enfrentamientos entre la Procuradora Margarita Cabello y el presidente Petro, la Corte Constitucional definió que le quitaba parcialmente sancionar a funcionarios elegidos por voto popular.

Esto significa que desde ese momento y hasta hoy, esa decisión está supeditada a la revisión de control automático del Consejo de Estado, el cual tendría un plazo máximo para resolver el proceso disciplinario y determinar si confirma el fallo del ministerio Público o lo tumba.

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