La Corte Constitucional convocó a una audiencia este viernes 11 de agosto, en la que está citado el presidente de la República, Gustavo Petro, con el fin de que explique las razones que tuvo para expedir el Decreto 1085 de 2023, por el cual se dicta el Estado de Emergencia Económica, Social y Económica en La Guajira.
Este, a su vez, recoge 10 decretos legislativos que cubren el área urbana y rural del departamento, y pretenden contrarrestar la crisis que atraviesa el territorio como consecuencia de la escasez del agua.
No es un secreto que la iniciativa ha generado críticas, pues muchos se preguntan ¿por qué esa región y no otras tantas que también requieren de la acción del Estado? Y responder esa y otras preguntas será la tarea del Presidente en la diligencia que tendrá a Natalia Ángel Cabo como magistrada ponente.
Los ejes temáticos, definidos por la Corte, serán estos: el diagnóstico de la situación en el departamento de La Guajira; el alcance y consecuencias del cambio climático y sus efectos particulares en el departamento; las medidas para conjurar los impactos del cambio climático, y la democracia y los estados de emergencia en el contexto del cambio climático.
Así las cosas, desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m. de este viernes se reunirán en el Palacio de Justicia representantes de distintas organizaciones que también aportarán sus argumentos.
En primer lugar, habrá representantes de la sociedad civil, así como integrantes de la Mesa de Diálogo y Concertación para el Pueblo Wayú y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira).
También, se espera la participación de la Ministra de Ambiente, así como de los líderes de las siguientes entidades públicas: el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Ministerio de Salud y varios expertos internacionales y de universidades del país.
Todas estas estuvieron en La Guajira, en junio, cuando el Gobierno se trasladó allí para despachar y, de hecho, desde la cartera de Ambiente se anunció un plan de restauración, uso sostenible y protección de 24.000 hectáreas en el Parque Nacional Natural Macuira, para lo cual se invertirán 40.000 millones de pesos.
Además, habrá presencia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación; así como de organismos internacionales como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).
