Ante el anuncio de la Gobernación del Atlántico para liquidar los cuatro hospitales departamentales que hoy existen y fusionarlos como una nueva Empresa Social del Estado, a través de una ordenanza, el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe –CGHC- advirtió que es una maniobra jurídica de alto riesgo para las finanzas del departamento, que al final deberá ser asumida por los contribuyentes.
La fusión busca crear una nueva empresa gestora y con ello se desconoce la existencia de una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado, que parte de la celebración del contrato de operación Número 690/19 firmado en diciembre de 2019, el cual debe ser respetado por el Hospital Universitario Cari ESE Alta Complejidad y CGHC.
La Administración departamental pretende desconocer los derechos y obligaciones previamente adquiridos por las partes, es decir el Cari Alta Complejidad y CGHC al no respetar los preceptos constitucionales y legales que rigen en Colombia para la contratación; el contrato es ley para las partes.
Al tenor de lo establecido en el Decreto Ley 1876 de 1984, artículo 16 parágrafo, que textualmente reza: “… en el evento en el que se encuentren contratos en ejecución en el momento de transformación de una entidad en Empresa social del Estado, estos continuarán rigiéndose hasta su terminación, por las normas vigentes en el momento de su celebración“.
Es de recordar que, actualmente existe una controversia contractual en la que se reclama una indemnización estimada en 660.000 millones de pesos por perjuicios materiales por utilidad dejada de percibir; pérdida de oportunidad al no poder realizar el desarrollo contractual y su crecimiento empresarial, irradiando las mismas consecuencias a las cuatro empresas del consorcio; y daño al buen nombre.
El Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe envió a los diputados del Atlántico, la Gobernación y la Procuraduría General de la Nación un documento con las consideraciones respectivas para ponerlos en conocimiento que el persistir en esa conducta por parte de la Gobernación y la Asamblea, al otorgarle facultades protémpore para liquidar y fusionar las cuatro ESE’s, en la nueva Ese Universitaria, estarían incursos en presuntas conductas violatorias del derecho penal, fiscal, patrimonial y disciplinario.
