Medellín continúa en la lupa de los entes de control del país por los problemas del contrato de chatarrización de los vehículos depositados en los patios de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Además de los bajos precios pactados lo cual generaría detrimento para el municipio, se estaría hablando de otras inconsistencias a la hora de la adjudicación, las cuales pondrían a dar explicaciones al propio alcalde, Daniel Quintero y a otros funcionarios, así como a representantes de la Unión Temporal RYM SAS.
Cabe recordar que, en el pasado mes de mayo estas irregularidades salieron a la luz pública, cuando se conoció que la Unión Temporal RyM SAS, ganadora de ese millonario negocio, le pagaría al Municipio el kilo de chatarra a $98, mientras que en el mercado el precio supera los $1.000, originando un posible detrimento cercano a $33.000 millones.
Este jueves tendrá lugar un debate de control político al respecto en el Concejo, donde se mostrarían nuevas pruebas de una presunta actuación indebida en celebración de contratos, entre otras posibles conductas con consecuencias penales, disciplinarias y fiscales.
De acuerdo con el abogado Juan Sebastián Duque, abogado penalista del consultorio De la Espriella Lawyers Enterprise, la nueva irregularidad evidenciada podría tener “alcances penales y alcances disciplinarios. Esto tiene que ver con la presunta ausencia de licencias ambientales otorgadas por el Área Metropolitana a la empresa adjudicataria”.
