Cuando apenas la discusión de la reforma tributaria está por comenzar en el Congreso de la República, al mismo ya llegó una durante advertencia sobre la inconstitucionalidad y la inconveniencia que tendrían los impuestos a los salarios de más de 10 millones de pesos y a las pensiones altas.
En tal sentido se pronunció éste lunes en una audiencia pública en el Senado, la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la procuradora delegada Cristina Cortes, quien indicó que en un estudio previo al proyecto se conceptúa que el artículo 63 del proyecto de la reforma tributaria, el cual propone un impuesto a las pensiones de más de 4.8 millones de pesos, “no es un buen precedente porque desincentiva el ahorro pensional y va en contra de la generación de empleo”.
Para la delegada, en el país hay 2.3 millones de pensionados, y al gravarle sus ingreso, esto afectaría el valor intrínseco de la pensión y del ingreso de los beneficiados. Sumado a eso, dice Cortes, ese nuevo impuesto implicaría una doble tributación al pensionado.
Respecto al artículo 92, en el cual se propone la creación del llamado impuesto solidario, al gravar los salarios superiores a 10 millones de pesos tanto a trabajadores públicos como privados, la procuradora delegada advierte que se debe mirar bien el sentido de la sentencia de la Corte Constitucional que el año pasado declaró inconstitucional el decreto ley con el cual el presidente Iván Duque ya había creado ese tributo de forma temporal.
