La justicia volvió a darle la razón al Gobernador Carlos Caicedo, luego que el Juzgado Promiscuo Municipal de Chibolo falló a favor de varias madres líderes y cabezas de familia, que presentaron una tutela contra el Ministerio de Educación, el Departamento Nacional de Planeación –DNP-, la Gobernación de Bolívar y el Órgano Colegiado de Administración y Decisión -Ocad- Caribe, por la no aprobación de recursos a la Gobernación del Magdalena, para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar –PAE- en el Departamento.
Esta acción jurídica fue presentada debido a que no se está haciendo entrega de los alimentos a los estudiantes de las Instituciones Educativas Departamentales de Chibolo, quienes ven afectados sus derechos. Igualmente, la falta de suministro de alimentos se debe a que el proyecto presentado por el Departamento para garantizar la alimentación escolar ante el Ministerio de Educación Nacional, Departamento Nacional de Planeación y el Ocad Caribe, no ha sido tramitado pese a que la Gobernación ha adelantado la gestión correspondiente para la contratación del proyecto denominado “Implementación del Programa de Alimentación Escolar”, como fue su cargue o radicación ante el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías SUIFP-SGR, acto que se concretó el 9 de mayo de 2021.
Para ello, resulta necesario que la Gobernación de Bolívar, en su calidad de presidenta del Ocad, convoque a reunión a la mesa técnica y presente la solicitud del Departamento del Magdalena para efectos de debate y aprobación. Aspecto que, a la fecha, no se ha concretado a pesar de que hace más de tres meses se encuentra pendiente esta solicitud.
Una vez conocida esta situación, la administración de justicia procedió a conceder la acción de tutela, además, ordenó al Ocad y al DNP la aprobación del PAE y de no ser así, se reevalúen cada uno de los aspectos administrativos o técnicos pertinentes para ello, teniendo presente la superioridad de los derechos de los menores y su directa relación como herramienta de acceso al sistema educativo en condiciones dignas y, por ende, como una barrera contra la deserción escolar.
Asimismo, le ordenó al Órgano Colegiado garantizar el derecho fundamental a la educación, seguridad alimentaria, vida digna y prevalencia de niños, niñas y adolescentes, en lo concerniente a la tramitología para el debate y aprobación del PAE.
