La Contraloría General de la República emitió un fallo con responsabilidad fiscal por $ 211.755 millones en contra de Electricaribe.
La decisión se debe a la indebida utilización de los recursos destinados al Fondo de Energía Social, Foes, con los que debieron aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la región Caribe, durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016.
Los $ 187.227 millones que recibió Electricaribe como canalizador del Foes, que administra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario y no al consumo individual del usuario que contaba con medidor individualizado.
«Los recursos del Foes son de inversión social y destinación específica, por lo tanto, debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como lo realizó Electricaribe», explicó el organismo de control.
La Contraloría asegura que, al llevar a cabo dicha aplicación, no se alivió el valor por pagar en la factura por los usuarios, sino que por el contrario se favorecieron los ingresos de la empresa Electricaribe como canalizador, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en esas zonas especiales.
«Fue así como Electricaribe pasó por alto que el Estado destinó unos recursos en beneficio de la empresa en los cuales actuaban como operadores los Fondos de Apoyo Financiero Prone, Faer y Fanzi, cuyos recursos van encaminados, de una parte, para apoyar los planes de reducción de pérdidas no técnicas de energía, y de otra, como apoyo a las empresas con usuarios no normalizados ubicados en las áreas especiales», concluyó la Contraloría.
En forma solidaria con Electricaribe, se falló también con responsabilidad fiscal contra la firma PricewaterhouseCoopers y tres de sus colaboradores, en su calidad de revisores fiscales de la empresa, que avalaron la aplicación incorrecta de dichos recursos, toda vez que con su atestación o su testimonio en tal condición derivaron en que el Ministerio de Minas y Energía llevara a cabo el giro de los recursos a Electricaribe como canalizador de estos.
El ente fiscal hizo la revisión de 1’800.000 facturas correspondientes a los meses desde julio 2011 a octubre 2016. Luego de esto, la decisión fue proferida por la contralora delegada intersectorial n.º 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría.
Este proceso fiscal se originó en los hallazgos que se detectaron en una auditoría que realizó la Contraloría Delegada de Minas de Energía en 2017 y que dio lugar posteriormente a otras acciones de control en Electricaribe.
Por: Adriana Ricardo
