Con el sonado caso de Electricaribe y su demanda contra el Distrito de Barranquilla, y que ahora, se extiende a las administraciones de Cartagena, Santa Marta, Valledupar y Montería, cabe preguntarse si los municipios son responsables de estos dineros que hoy la empresa de energía reclama.
La suma de 45 mil millones que demanda la empresa, más las pretendidas de las otras administraciones del país mencionadas, obedecen a la facturación de los servicios de barrios vulnerables o subnormales, cuyas redes eléctricas no han sido normalizadas los respectivos Distritos.
Hay que empezar diciendo que el Estado debería ser el principal responsable en la inclusión y bienestar de los ciudadanos desprotegidos y desplazados socialmente. Además de ser garantes de hacer cumplir la norma constitucional de vivienda digna, que, por supuesto incluye un servicio público completo que demanda energía, alcantarillado, gas natural y agua, los cuales se coordinan, en muchos casos, con recursos de las entidades territoriales, por lo que se entiende que estos medios deben ser puestos directamente a ellas.
Ahora bien, el problema empieza cuando “el gobierno Nacional le ha entregado esos recursos directamente a las empresas de servicio”, sostuvo el abogado Alfonso Camerano, en conversación con PRENSA NEWS.
“Lo que es normalización eléctrica y lo que ha sido ampliación de cobertura en materia de acueducto, han terminado siendo Electricaribe por un lado y por el otro lado la Triple A y las empresas de acueducto, las que han venido usufructuando esos recursos que, deberían hacer parte de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, con una inversión directa porque realmente son los alcaldes los que tienen el control de su propia ciudad”, apuntó el abogado Camerano.
En este sentido, hay que determinar si los acuerdos con las empresas prestadoras de los servicios básicos de los hogares de la población, estipulan que estos gastos los asuma las entidades territoriales o la Nación, directamente con las empresas, por medio de los fondos y los dineros que subsidian a los estratos más bajos, por parte de los estratos 5 y 6, para evitar las facturaciones inadecuadas en estas comunidades denominadas barrios subnormales.
“Eso es un problema sumamente complejo”, señaló el abogado al caso puntual de Electricaribe-Distrito de Barranquilla, ya que habría que analizar la legalidad de la deuda, que debe estar pactada en letra pequeña de los acuerdos, primero que todo.
En segunda instancia, el abogado alude a que la empresa, Electricaribe, tomó cargo de empresa de servicio de energía en la costa caribe, con un acumulado de obligaciones de las electrificadoras anteriores, de lo cual habría que recordar y revisar si fue reconocido el monto de la deuda oficial y lo que le correspondió a cada parte del contrato para la normalización y ampliación de cobertura.
El letrado finalizó diciendo que “podría presentarse un tema sumamente complicado, porque la representante de la Superintendencia de Servicios es la liquidadora de la empresa que etaria reconociendo obligaciones que la misma empresa a través de ella estaría cobrando”.
Y añadió que este tema es eminentemente “legal y procesal” que deberá ser planteado al interior del juez de la causa, ya que el caso fue judicializado.
Por: Adriana Ricardo
