Sumados a los contratos con presuntos fines ilícitos, donde brilla por su ausencia la ética y el debido proceso, se encuentran otros dos casos. Uno de ellos que vuelve a citar la presunta alianza de Jesús María Acevedo Magaldi, Fernando Fiorillo Zapata, excontralores distritales y Rachid Náder Orfale, ex secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico
Según indagaciones del periodista Jorge Cura, en marzo del 2020, se celebró un contrato de prestación de servicios para “la defensa jurídica de los intereses de la Contraloría Distrital”, por un valor de 25 millones de pesos, por el profesional del derecho Andrés Felipe Ledezma Junco.
Y para el mes de mayo de 2020, la Contraloría Distrital de Barranquilla, puso en marcha un contrato con la finalidad de “suministro de elementos de bioseguridad para funcionarios, usuarios y contratistas de la Contraloría Distrital de Barranquilla”.
Para este contrato se postularon 3 empresas, la escogida y que llama la atención en este nuevo caso es de razón social “Laboratorios Sion Pharma S.A.S”, empresa que registra en la Cámara de Comercio de Barranquilla su creación en el año 2011 y su disolución el 13 de abril de 2019; pero fue reactivada el 20 de mayo de 2020, la misma que registra como representante legal a Andrés Felipe Ledezma Junco, el abogado antes mencionado.
Lo curioso de este caso es que Ledezma Junco gana la selección frente a las dos empresas que se presentaron con objeto de ser contratadas, con esta compañía recién activada y con su reciente nombramiento como representante legal de la misma.
Frente a este hecho solo queda esperar que los entes encargados tomen cartas en el asunto.
Por: Adriana Ricardo
