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Borelly evidencia su preocupación por la situación de la CRA

En las últimas horas se conoció una carta enviada por el Representante del presidente ante del Consejo Directivo de la CRA (Corporación Regional Autónoma), Alberto Julio Borelly, al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, donde manifiesta su preocupación frente a la “insólita pretensión” de crear una autoridad ambiental para el Área Metropolitana de Barranquilla.

Con asunto de “solicitud de pronunciamiento en relación con el futuro de la gestión de la Corporación Autónoma Regional”, envía el funcionario la carta, donde además, justifica que el Área Metropolitana no tiene antecedentes en la historia de la CRA y menos del departamento, y que sería privar a la actual autoridad ambiental (CRA) de sus funciones, atentando así, al Plan de Acción 2020-2023 y a sus recursos, los cual impedirían el buen desarrollo de este.

“Aunado a lo anterior, es manifiestamente contrario a la ley y a la Constitución, que por un acto administrativo que aún no se conoce, se modifique una ley de carácter especial que reglamentó todo el Sistema Nacional Ambiental, como lo es la Ley 99 de 1993, asignándole unas competencias a unas entidades que no fueron creadas para tal fin, desconociéndose además, que el Distrito de Barranquilla no puede ceder el ejercicio de la autoridad ambiental, en razón a que debe contar con su establecimiento ambiental, de conformidad con la Ley 768 de 2002”, manifiesta en la carta el funcionario.

Borelly Borelly, tilda la propuesta de “mezquina”, ya que deja sin “autoridad ambiental fuerte” a 18 municipios restantes a los del área metropolitana del departamento, los cuales integran ecosistemas estratégicos del Atlántico y vulnera, según el funcionario, el Derecho al Ambiente Sano, contemplado en los Artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional.

Esta decisión, como ya lo habían manifestado funcionarios de la CRA y abogados, afectaría las finanzas de la Corporación, alrededor de un 75%  de los recursos destinados para el plan de acción, aprobado en mayo del presente año y que, “que proyecta inversiones ambientales por el orden de los $190.000.000.000 para toda la extensión del Departamento del Atlántico, además de la imposibilidad de cumplir los compromisos adquiridos sobre vigencias futuras hasta 2035, los cuales ascienden a más de $700.000.000.000”.

La circular concluye que el tema ha generado bastante polémica y pronunciamientos, y que empieza a convertirse en una situación de incertidumbre para las arcas financieras de la CRA, que al día de hoy ha empezado a ver puertas cerradas por parte de sectores económicos y bancarios que no ven seguridad en su situación por las “consecuencia de las decisiones administrativas y políticas de algunos”.

Por: Adriana Ricardo