Uno de los proyectos de ley liderados por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) dio un importante paso. Se trata del Proyecto de Ley de Cárceles, que ya fue radicado ante el Congreso.
Juan Carlos Cárdenas, presidente de Asocapitales y alcalde de Bucaramanga, explicó qué plantea este proyecto y por qué le urge al país.
“El Gobierno del presidente Duque dejó una Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana, pero quedó pendiente la Ley de Cárceles. Hay un fallo de la Corte Constitucional que obliga a alcaldes y gobernadores a resolver el hacinamiento carcelario, hoy no hay infraestructura para ello. Esta ley lo que busca es establecer con claridad, dependiendo de la gravedad del delito, quién y dónde debería atender esa problemática”, afirmó Cárdenas.
Esto significa definir las competencias de los niveles de Gobierno. “Para ponerlo en manera sencilla, que delitos menores sean atendidos por las ciudades; delitos de mediana complejidad por las gobernaciones y de alta peligrosidad o alta sanción o condena por el Gobierno nacional. Así, la Ley de Cárceles lo que hace es repartir cargas económicas y de operación para que podamos revolver el hacinamiento, que es una vulneración de derechos humanos”, precisó el presidente de Asocapitales.
El proyecto penitenciario y carcelario también busca concretar fuentes de financiación para atender a las personas privadas de la libertad, así como convenios de integración para recibirlas; centros de detención transitoria, para prohibir que las personas detenidas o condenadas sean recluidas en estaciones de Policía y URI, por no ser lugares inadecuados ni competentes para tal fin; y un régimen de transición de 6 años para ejecutar acciones e implementar las obligaciones, como el fortalecimiento técnico de las Alcaldías.
