En el Caribe colombiano corre un aire que deja sentir cierto pesimismo, desconfianza, incredulidad o escepticismo entre las comunidades que tanto padecieron por el pésimo servicio ofrecido por la extinta empresa de energía Electricaribe, frente a las promesas del nuevo operador Air-e y su anunciado plan de inversiones que deberá traducirse en mejoramiento del mismo.
En menos de cinco horas, el último 11 de febrero, la comunidad de Ciénaga- Magdalena debió padecer, a pleno medio día, los efectos de continuos apagones o la suspensión inesperada del servicio de energía (seis veces en total). Familias enteras salieron a sus terrazas ante el sofocante calor que es habitual en esta parte del Caribe Colombiano, aunque nada soportable sin un ventilador encendido que refresque – al menos – a la hora de almorzar o de un breve descanso.
Y como si fuera poco, dos días después, un prolongado apagón que en algunos sectores de esta población superó las doce horas de racionamiento eléctrico, colmó la paciencia de los lugareños que ese domingo no tuvieron alternativa distinta a la de irse al mar o el río para refrescarse.
«¡Oye y cuántas veces van a quitar la bendita luz!”, exclamó Mary, una joven madre que intentaba calmar a su pequeña hija en una mecedora.
Y también son repetidas las quejas comunitarias de los cienagueros que iniciando el año fueron sorprendidos en sus barrios por las cuadrillas de trabajadores de la empresa Air-e, las que llegaron a abrir huecos, instalaron postes y tendieron a mayor altura las nuevas redes de electrificación.
«¡Ahorita nos llega el golpe en la factura!», comentó Jorge, un vecino del barrio París, donde la comunidad reclama la debida socialización sobre la ejecución de estas obras, así como las explicaciones con relación a la instalación de los nuevos medidores “satelitales”. Razón por la cual, al parecer, Air-e habría suspendido temporalmente los trabajos en este sector de Ciénaga.
Dos noticias podrían darnos respuestas sobre lo que está ocurriendo tras la llegada del nuevo operador del servicio de energía en esta zona de nuestro Caribe.
El 28 de septiembre de 2020, Jhon Jairo Toro, gerente de la compañía Air-e, afirmó al iniciar ésta sus operaciones en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira que la inversión sería de 88 mil millones de pesos desde el primero de octubre del mismo año. Detallando que se trataría de la ejecución de 240 proyectos que estarían encaminados a mejorar la calidad del servicio en el primer año de operaciones. La meta estimada de inversión para los próximos cinco años es de 2.6 billones de pesos en los tres departamentos. Y hasta ahí se esperaba que, como decimos acá en la costa, “escoba nueva barre bien”.
Pero antes, el 11 de septiembre de 2020, otra información caía tan sorpresivamente como las torres gemelas en una fecha similar. “Gobierno oficializa autorización a operadores para aumento de energía”, tituló la prensa haciendo referencia a la firma del decreto 1231 del ministerio de minas y la dirección de planeación nacional, con el cual el gobierno entregaba vía libre a los nuevos operadores del servicio de energía para solicitar aumento en las tarifas hasta un 20 % ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Entonces, hoy tendríamos que decir: “coge ese trompo en la uña” o “blanco es y gallina lo pone”.
Entre tanto la comunidad sigue a la espera de aclaraciones o justificaciones por parte de Air-e, mientras parecen aumentar los reclamos a las puertas de sus oficinas por aparentes cobros excesivos en la facturación, incumplimiento en la atención de quejas, errores en el registro domiciliario o también para solicitar acuerdos de pago. Sin embargo, nos llama la atención un hecho documentado que da cuenta de aparentes excesos o abusos relacionados con el retiro de los actuales medidores domiciliarios, tal y como ocurrió en la zona del centro histórico de Ciénaga, donde residentes del sector y presentantes de la empresa contratista se enfrentaron verbalmente, argumentando derechos y deberes frente al procedimiento: La empresa argumenta que está facultada por la norma para retirar los viejos medidores; mientras que la comunidad reclama que la acción es arbitraria sin una conciliación y/o socialización previa. En la discusión ha tenido que mediar la secretaría de gobierno municipal, pues para ningún caso la alcaldía ha sido tenida en cuenta por el operador del servicio. Y otra es la batalla que se libra en el concejo municipal donde representantes del operador y el contratista incumplieron la primera citación a un debate de control político que, precisamente, pretendía aclarar tantas dudas e incertidumbres sobre la llegada de lo parecía un nuevo Air-e para la energía en la costa.
Por: Freddy Gutiérrez B.
Especial para PRENSA NEWS
